• Socialización de la Política Nacional de Seguridad

    La Política Nacional de Seguridad, aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad en julio de 2012, se puede definir como el conjunto de lineamientos para prevenir y contrarrestar los riesgos y amenazas a las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad y sus instituciones; tiene por objeto garantizar las acciones de carácter preventivo o reactivo que el Estado debe adoptar para erradicar cualquier amenaza (artículo 2, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Decreto Número 18-2008).

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  • Inicia proceso de revisión de la Política Nacional de Seguridad

    La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad inició el proceso de revisión de la Política Nacional de Seguridad con la participación de distintos actores estratégicos.

     

    La Política Nacional de Seguridad, establece los lineamientos generales para la gestión pública en la materia que organiza, y da estabilidad a los procesos políticos, fomentando la institucionalidad de la Seguridad de la Nación dentro del  marco normativo vigente. El proceso de revisión contribuirá a reforzar los elementos estratégicos, políticos, tácticos, operativos y tecnológicos del Sistema Nacional de Seguridad.

     

    Este proceso desarrollará los principios y mecanismos de participación, coherencia, efectividad, transparencia y rendición de cuentas que contribuirán a la buena gobernanza de la seguridad; integrando los esfuerzos de los diferentes actores y sectores de la sociedad, así como el control proactivo de las amenazas, riesgos y vulnerabilidades.

     

    El pasado 23 y 24 de enero dieron inicio los talleres de trabajo, respondieron a la convocatoria, autoridades de diferentes instituciones, integrantes del Sistema Nacional de Seguridad, otras instituciones del Estado y expertos en los temas abordados. Se organizaron diferentes grupos para desarrollar los ejes temáticos: Gobernanza Institucional, Plataforma de Gestión Integral de Seguridad de la Nación  y Alineamiento Estratégico.

     

    La Gobernanza institucional de la Seguridad de la Nación, constituye el conjunto de principios, normas, mecanismos y procesos que articulan a la diversidad de componentes del Sistema Nacional de Seguridad, por medio de acciones de integración e interdependencia para formular, promover y alcanzar objetivos comunes. 

     

    Plataforma de Gestión integral de  Seguridad de la Nación, enfatiza en la articulación de los instrumentos de Seguridad de la Nación y mecanismos de integración del Sistema Nacional de Seguridad, en función de prioridades compartidas y recursos, así como el flujo de programas estratégicos y esquema de control en un marco de colaboración, cooperación y coordinación. 

     

    Alineamiento Estratégico de Seguridad de la Nación, desarrolla los aspectos de coordinación entre las instituciones del Estado, asumiendo un acercamiento programático, comprensivo e integrado para alcanzar la Seguridad de la Nación. Persigue una mayor armonización de las actividades en la atribución de seguridad de los diferentes actores institucionales en todos los niveles territoriales; así como de los aspectos de análisis, planificación, ejecución, gestión y evaluación de las políticas, planes y programas. 

     

    La Política Nacional de Seguridad tiene un carácter de integralidad, con postulados ambiciosos que suponen un proceso decisivo de maduración institucional en materia de Seguridad de la Nación. Representa para el Sistema Nacional de Seguridad, el esfuerzo consolidado de la implementación de mecanismos de gobernanza institucional, para dotar al sector seguridad con un esquema fortalecido de planificación.

     

    El proceso de revisión de la Política se estará realizando de enero a julio de 2017, para ser presentada y aprobada en Consejo Nacional de Seguridad, según lo establecido en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y la Política General de Gobierno.

     

     

Implementación de la Unidad de Género como parte del desarrollo integral de la mujer

 

Los avances en los derechos de la mujer, trae consigo remontarse al proceso histórico que inicia a finales del siglo XIX, en la cual hubo apertura en los ámbitos político, económico y social.                                                                                           

 

Implementación de la Unidad de Género como parte del desarrollo integral de la mujer

Los avances en los derechos de la mujer, trae consigo remontarse al proceso histórico que inicia a finales del siglo XIX, en la cual hubo apertura en los ámbitos político, económico y social.

Dicho avance, es una consecuencia positiva de la división de género, que limitó los distintos espacios políticos, públicos, económicos, sociales y culturales, basándose en las diferencias sexuales, poniendo de manifiesto, la distinción y división de capacidades de unos y otros. Es decir, que la asignación de tareas y responsabilidades se había basado en el sexo, la cual en su momento, repercutió negativamente, ocasionó una distribución desigual en la jerarquía ocupacional, salarios bajos, inestabilidad laboral, pocas probabilidades de ascensos y continuar siendo como un sujeto invisible ante los ojos de la sociedad.

Es por ello, que la equidad de género, es de vital importancia para garantizar la justicia en el trato hacia las mujeres, por medio de medidas que permitan compensar las desventajas históricas y sociales que impide la actuación de la mujer en igualdad de condiciones.

En esa búsqueda de socializar y mejorar el trato, las condiciones y oportunidades, se han aprobado diversos instrumentos nacionales e internacionales, que básicamente buscan contrarrestar la distinción, exclusión, restricción en los derechos de las mujeres o cualquier otra restricción basada en el hecho de ser mujer.

En Guatemala, los derechos y garantías tanto de hombres como de mujeres –sin distinción-, se encuentran regulados principalmente en la Constitución Política, y además, se han suscrito y aprobado normativas como la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer; Ley de dignificación y promoción integral de la mujer; Política Nacional de promoción y desarrollo de las mujeres, Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Acuerdo sobre la implementación de unidades de género en los Ministerios y Secretaría del Organismo Ejecutivo, entre otros. Con este último Acuerdo, la Secretaría Técnica, como una institución comprometida con el derecho de igualdad entre hombres y mujeres, por medio del desarrollo de las relaciones laborales, ha logrado la implementación de la Unidad de Género, con la que se favorece la realización de acciones que velan por el legítimo ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres y la construcción de la ciudadanía. 

Nota: Licenciada Rita Bueso